La continuidad de la pandemia llevaría al Gobierno a extender la protección sobre los inquilinos hasta el año que viene. El plazo original vence a fin de este mes.Por Florencia Barragan de Página 12
El Gobierno trabaja en la extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos ante la urgencia sanitaria y económica que trajo el coronavirus. La decisión todavía no fue tomada, pero se discute la prórroga hasta enero de 2021. Estas medidas habían sido establecidas a través del decreto 320, publicado a fines de marzo, días después de iniciada la cuarentena, y con vigencia hasta el próximo 30 de septiembre. Los contratos que volverían a ser alcanzados son los de vivienda, pero también inmuebles utilizados por monotributistas, autónomos, pymes, cooperativas y para actividades culturales/comunitarias.
La semana que viene estará la definición oficial. Las variables que tiene en cuenta el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de María Eugenia Bielsa, para tomar la decisión son “la evolución sanitaria, económica y social”. El 29 de marzo, cuando se publicó el decreto, había 75 contagiados de coronavirus en todo el país. En los últimos días, las cifras superaron los 10 mil casos diarios.
El DNU estableció la suspensión de los desalojos por incumplimiento de pago y la prórroga automática de un contrato vencido hasta el 30 de septiembre. De prorrogarse, estas medidas se extenderán hasta enero. Además, el mismo decreto estableció el congelamiento del precio de los alquileres al valor de marzo. De todos modos, amparaba a los propietarios que dependieran del cobro de ese alquiler para “cubrir sus necesidades básicas”. En esos casos se debía acreditar debidamente esa situación.
Los locatarios que tuvieron congelado el alquiler deberán pagar la deuda que se generó cuando finalice el decreto, en hasta 6 cuotas. Esto es la diferencia entre lo que el inquilino pagó y lo que debería haber pagado de haberse aplicado la actualización que rige en el contrato. Igual situación con las deudas por falta de pago. Además, la medida estableció la obligatoriedad de la bancarización para realizar pagos por transferencia, y de ese modo evitar la movilidad y el contacto.
A favor y en contra
La extensión del congelamiento de los alquileres y la suspensión de desalojos venía siendo reclamada por asociaciones y entidades de inquilinos, aunque solicitan que sea hasta marzo del año que viene. Lo mismo establece un proyecto de ley que fue presentado en el Senado por la legisladora del oficialismo María de los Ángeles Sacnun. Desde la Federación de Inquilinos le enviaron una carta a Bielsa en la que expresan una “profunda preocupación”.
Según un relevamiento realizado por la Federación, un tercio de las familias tuvo problemas para pagar el alquiler en agosto y hay un millón que podrían ser desalojadas a partir de octubre. Aseguran que la incertidumbre sobre si habrá o no extensión de las medidas llevó a aumentos desmedidos en la renovación, dadas además las dificultades para ir a ver una propiedad y los costos de efectuar una mudanza.
Por su parte, desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) le enviaron un documento a Bielsa en el que consideran “inoportuna” una posible extensión del decreto, “cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores”. La entidad asegura que realizaron encuestas en todo el país a través de los colegios profesionales, y las estadísticas muestran un “bajísimo” incumplimiento en los pagos, y un “bajo grado de conflictividad entre las partes”.
También el Colegio de Martilleros de Buenos Aires se sumó al rechazo. Aseguran que el 95 por ciento de los inquilinos bonaerenses está al día con el pago, pero el cumplimiento de los alquileres comerciales cayó al 50 por ciento. En un comunicado, sostuvieron que la extensión implicaría “un colapso en la oferta de alquileres y una masiva migración a las operaciones de venta de propiedades”. De todos modos, la situación de compra venta es crítica: en la Ciudad de Buenos Aires, lleva 26 meses consecutivos en caída. Por otro lado, el vicepresidente del colegio, José María Sacco, consideró la regulación vigente como una “intromisión del Estado en los contratos entre particulares”.
Medidas como el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos fueron tomadas en otros países como España, Francia, Alemania y Estados Unidos, ante la urgencia que trajo la crisis del coronavirus.
