El caso del alumno de 13 años que fue asesinado en un colegio es el primero desde 2004. Especialistas y organizaciones advierten que el hecho se da en un contexto de desregulación, más acceso a armas y un cambio en el discurso oficial.
“Después de 22 años sin casos, vuelve una muerte a tiros en una escuela en un contexto de flexibilización de armas”. La advertencia de Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), coincide con el comunicado de la Red Argentina para el Desarme. “No es un hecho aislado, es el resultado de una política irresponsable”. Ambas miradas apuntan en la misma dirección tras el ataque en una escuela de Santa Fe que dejó un alumno muerto y reabrió un escenario que Argentina había logrado evitar durante más de dos décadas.
Ayer por la mañana, un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en San Cristóbal, y abrió fuego contra sus compañeros durante el izamiento de la bandera. Mató a un estudiante de 13 años e hirió a otros dos. El arma, una escopeta, estaba oculta en un estuche de guitarra. El agresor fue reducido por un asistente escolar y detenido.
El caso es el primero con una víctima fatal en una escuela desde la masacre de Carmen de Patagones, en 2004, un episodio que marcó un antes y un después en las políticas públicas sobre armas de fuego en el país.
Para Alfie, ese dato no es menor. “Después de 22 años sin ningún hecho de este tipo, hoy en Argentina volvemos a lamentar una muerte a tiros en una escuela”, señaló. Y vinculó ese regreso con un cambio de rumbo: “No puede leerse por fuera de un contexto de flexibilización de armas”.
De una política de Estado al cambio de paradigma
Tras la tragedia de 2004, en 2006 se sancionó la ley que declaró la emergencia en violencia armada y se lanzó el plan de desarme voluntario. Según Alfie, allí comenzó a consolidarse una política sostenida durante dos décadas.
“Se transformó en una verdadera política de Estado, sostenida por gobiernos de distinto signo”, explicó. El consenso era transversal. A mayor circulación de armas, mayor violencia y más probabilidad de que conflictos cotidianos escalen a situaciones letales.
Ese enfoque, sin embargo, comenzó a revertirse. “La política empezó a retrotraerse por dos vías”, advirtió. Por un lado, medidas concretas como la baja de la edad mínima para acceder a armas de 21 a 18 años, la flexibilización de controles, la implementación de trámites exprés y la habilitación de armas semiautomáticas que durante décadas estuvieron restringidas.
Por otro, un cambio en el discurso. “Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas”, señaló.
En la misma línea, la Red Argentina para el Desarme dijo que el Gobierno impulsa una visión “simplista y peligrosa”, que supone que las armas son un problema solo en manos de delincuentes, pero una solución en manos de “personas de bien”.
Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas
Un crimen que no parece casual
Alfie evitó establecer una relación directa entre el caso puntual y las medidas recientes, pero planteó una preocupación clara. “Es muy temprano para atribuir una relación directa, pero no parece casual”, afirmó.
Durante los años en que se sostuvo la política de desarme, explicó, también hubo campañas de concientización y un trabajo activo en escuelas para detectar situaciones de riesgo. “Había un trabajo muy fuerte con docentes y comunidades educativas para generar alertas tempranas”, recordó.
Ese entramado, según el especialista, se debilitó. Y ahí aparece el problema: “Cuando además hay un mensaje persistente de que tener armas no es riesgoso sino incluso positivo, empiezan a aparecer hechos que durante mucho tiempo no se habían registrado”.
“La combinación es conocida: más armas y mayor legitimación equivale a más muertes”, planteó la Red del Desarme.
El factor adolescente
Según los especialistas, el impacto de este tipo de políticas puede ser aún más crítico en jóvenes. “Está estudiado que en etapas donde las personas todavía están desarrollando el control de las reacciones impulsivas, el acceso a armas de fuego es particularmente riesgoso”, explicó Alfie.
Si a eso se suma una narrativa que avala su uso, “se genera un combo muy peligroso”, especialmente en adolescentes, más permeables a esos mensajes.
El caso de Santa Fe refuerza esa preocupación, ya que el agresor no tenía antecedentes de conducta violenta y era considerado un buen alumno, según autoridades locales.
Qué cambió en el control de armas
Durante dos décadas y a través de distintos gobiernos, la política pública combinó control y prevención. El plan de desarme voluntario permitió retirar más de 200.000 armas de circulación y estuvo acompañado por campañas de concientización.
En 2015, además, se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que amplió las funciones del antiguo RENAR: no solo registraba armas, sino que producía información, impulsaba políticas públicas y colaboraba con la Justicia.
Ese esquema fue desmantelado en los últimos años. El Gobierno restituyó el RENAR con funciones más limitadas, eliminó áreas de control, no renovó el plan de desarme y avanzó en la liberalización del acceso.
Entre las medidas más controvertidas figura el decreto que habilitó la tenencia civil de armas semiautomáticas derivadas de uso militar, similares a las utilizadas en tiroteos masivos en Estados Unidos. También se implementó un sistema de “tenencia exprés” para agilizar los trámites.
La evidencia y el discurso oficial
Frente a la idea de “armas en manos de personas de bien”, Alfie aseguró: “La evidencia internacional desmiente esa idea”.
“La mayoría de las muertes con armas de fuego no ocurre en robos ni en legítima defensa, sino en accidentes, suicidios o conflictos interpersonales”, explicó. Es decir, situaciones cotidianas que se vuelven letales por la disponibilidad de un arma.
Incluso en contextos de defensa, agregó, las personas armadas tienen más probabilidades de resultar heridas o morir ellas o alguien de su entorno.
Un país en riesgo
Argentina mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región, un dato que, según especialistas y organizaciones, está vinculado a políticas activas de control de armas.
“Desmantelarlas implica asumir un riesgo evidente”, advirtió la Red Argentina para el Desarme, que además exigió la reactivación del plan de desarme, la reversión de las medidas recientes y el fin de los discursos que legitiman la violencia.
Alfie sumó la falta de información como otro de los problemas. “Hoy no hay datos disponibles. Sin datos es muy difícil evaluar qué está pasando”, señaló.
LN/MC
