En general la memoria adopta formas narrativas. En un sentido puede decirse que esa memoria es ahistórica, atendiendo que el conocimiento histórico se basa en una complejidad de perspectivas ocurridas en un contexto determinado. Esta es una de las problemáticas que surgen cuando uno analiza la historia reciente dominada por la memoria colectiva que simplifica y tiende a ver los acontecimientos desde una única óptica que lleva a situarnos fuera del tiempo, en un presente continuado.
Con estas salvedades es que trataré de acercarme a la etapa surgida a partir de la restauración democrática.
El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” no se planteó solamente intervenir sobre el Estado y las instituciones, sino que la Nación misma debía ser objeto de una profunda reconstrucción tanto en lo político como en lo económico y social. Hay que recordar que la dictadura contaba en sus orígenes con una base de apoyo en determinados sectores sociales que nos hacen pensar que su único instrumento de poder fuera la represión. Esta forma de conservadurismo y nacionalismo no era ajena a nuestra sociedad ya que estaba instalada en ella. Otros sectores consideraban que el golpe era una oportunidad para llevar a cabo una escalada de la guerra que los podía llevar a la victoria. Por otro lado, la división de la interna militar en sectores “duros” y “blandos” no debe hacernos perder de vista otro importante eje. En todo caso, la pugna entre “duros” y “blandos” constituyó la extensión, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de un debate muy anterior al golpe de 1976 entre las distintas variantes de las corrientes liberal y nacionalista, que por cierto, siempre contó con interlocutores tanto civiles como militares. Estas pujas internas, el terrorismo de Estado, el endeudamiento creciente, la falta de legitimación y una política exterior errática cuyo hecho más notorio fue la derrota de Malvinas dieron paso a una transición o cambio de sistema.
Producido el agotamiento de los regímenes militares del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, se inició, a partir del 10 de diciembre de 1983, un nuevo ciclo democrático con la asunción de la presidencia por Raúl Ricardo Alfonsín.
La administración radical partió de la creencia de que las raíces de todos los problemas de la sociedad argentina residían en la persistencia de una cultura autoritaria, abonada por décadas de dictaduras militares o democracias condicionadas por el desmesurado poder político de las corporaciones.
Por cierto, el gobierno de Alfonsín intentó aprovechar el consenso que había logrado en las urnas para adoptar una serie de medidas tendientes a democratizar a las Fuerzas Armadas. En este sentido, podemos distinguir dos tipos de medidas; las que apuntaron al pasado y las conducentes a su protección en el futuro. Entre las primeras se puede hacer referencia a la anulación de las leyes 20.840 y 21.338 llamadas de “represión de la subversión”. El Congreso sancionó diversas normas complementarias como la ley 23.077 o la ley de Defensa de la Democracia; las leyes 23.050 y 23.057sobre excarcelación, libertad condicional y reincidencia; la ley 23.040 anulación de la “autoamnistía”; la ley 23.042 sobre recurso especial de hábeas corpus para sentencias condenatorias dictadas por tribunales militares contra civiles, la ley 23.070 acerca del cómputo de penas ; la ley 23.049 modificando el Código de Justicia Militar acerca de la abolición del fuero militar para delitos comunes; la ley 23.098 sobre extensión del recurso de hábeas corpus; la ley 23.097 sobre actos de tortura y la ley 23.052 sobre libertad de expresión y derogación de la ley 18.019. En el segundo grupo se encuentran la firma y ratificación de numerosos Tratados sobre derechos humanos entre los que se encuentra la ley 23.054 conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
El aspecto económico y social, la consolidación de políticas de Estado, la gobernabilidad, el rol de la política y de la ciudadanía son aspectos que se encuadran en lo descrito al comienzo de este artículo acera de la memoria y los contextos y que serán temas para próximas entregas o debates ya que en tiempos de la globalización es una imposibilidad separar actividades económicas y políticas. Pero ello no lleva a deducir que la política ha de ser puesta al servicio de la economía, y mucho menos que los políticos deben ser instrumentos de poderes económicos, aunque en muchas ocasiones hayan llegado a serlo.
Si debemos buscar denominadores comunes que hacen a aquellos valores fundacionales de esta etapa iniciada el 10 de diciembre de 1983 y que tienen que ver con el pluralismo, la convergencia política y la concertación social. Atrás quedará el autoritarismo, la intolerancia, la violencia, la atomización de la sociedad, la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antinatural del orden, la falta de disposición para escuchar al otro, para dialogar y llegar a compromisos, son maneras de ser y de pensar que deben ser erradicadas de la política argentina.
Aprendimos la importancia del diálogo y el compromiso, desde 1983 a la fecha, cada vez que se trató de garantizar el pacto de convivencia frente a crisis graves o amenazas regresivas. Ahora, existe la oportunidad- y la necesidad- de hacerlo para avanzar hacia una república democrática sin menoscabos para evitar caer en una democracia sin demócratas.
Prof. José Alberto Auzmendi
Banfield – Buenos Aires
