A una década de la primera sentencia de la justicia francesa que reconoció a las víctimas de los implantes mamarios defectuosos PIP, aún hay unas 20 mil argentinas que no se incorporaron a la megademanda en los tribunales galos y están a tiempo de hacerlo, según explicó una abogada que el próximo miércoles presentará los casos de entre 100 y 300 nuevas litigantes de nuestro país.
Confeccionadas con una silicona industrial no autorizada, estas prótesis utilizadas para aumento o reconstrucción de busto en los primeros años 2000 tenían una tasa de rotura varias veces superior a la normal que, cuando se producía, permitía que ese material extraño migrara por el organismo provocando problemas de salud.
«Me explotó la cabeza, imaginé que me moría», dijo a Télam la argentina Bárbara de Amonarraiz sobre el momento en que se enteró de la rotura masiva de implantes PIP como los que ella tenía puestos. (Ver recuadro)
«Lo primero que hice es fijarme la fecha de la operación, que coincidía con la fecha que decían en la radio», dijo a Télam la mujer de 63 años, que es una de las víctimas argentinas que ya obtuvo una indemnización provisoria en la Justicia francesa.
Esta megacausa por daños y perjuicios inédita tanto por la cantidad de demandantes -más de 30.000 sobre un universo potencial de 500.000- como por el hecho de que las víctimas residan en 60 países adonde se exportaba el producto, se inició con el denominado «escándalo de los implantes PIP», las populares prótesis mamarias rellenas de gel de silicona fabricadas desde 1991 por la firma francesa «Poly Implant Prothèse (PIP)» que llegó a ocupar el tercer lugar de ventas a nivel mundial.
«Es un juicio de muchos años en el que de a poco fuimos viendo cómo se abrió un camino para las víctimas y hoy podemos decir que ha tenido un desarrollo positivo para nosotros», dijo a Télam Déborah Gignoli Roilette, del estudio DGR, especializado en derecho comercial internacional que representa a miles de víctimas en todo el mundo.
El huracán se desató en 2009 cuando la Agencia Francesa de Seguridad de los Productos Sanitarios (Afssaps) -la Anmat de Francia- constató un aumento anormal del número de roturas prematuras en estas prótesis.
Un año después, las autoridades sanitarias francesas suspendieron la comercialización, distribución, exportación y uso de los implantes mamarios PIP tras comprobar que desde 2001 la firma venía rellenando sus productos con un gel distinto al declarado: en vez de silicona de uso médico habían empleado una de uso industrial 90% más barata pero no apta para humanos.
Sin embargo esas prótesis defectuosas habían pasado con éxito el control de calidad de la empresa certificadora alemana TÜV Rheinland que, después se demostraría, tuvo comportamiento negligente.
Para entonces, PIP había vendido alrededor de un millón de estos implantes defectuosos alrededor del mundo y unos 500 mil de ellos ya estaban dentro de cuerpos femeninos.
La alarma la habían dado las usuarias que presentaban desde inflamación de los ganglios, infecciones y fiebre crónica, hasta embolias y -presuntamente- cáncer de mama.
«Yo tengo clientas que se la pasan teniendo fiebre, otras que tuvieron embolia pulmonar porque la silicona migró en el cuerpo y, lamentablemente, también tuvimos mujeres que evolucionaron con cáncer, en las cuales es altamente probable que haya una relación con la rotura porque la silicona no puede estar en contacto con el cuerpo humano», sostuvo la abogada.
Cuando en 2011 falleció de cáncer de mama una mujer de 53 años con antecedentes de rotura de prótesis PIP y se inició una investigación por homicidio involuntario, las autoridades francesas recomendaron a las ciudadanas con implantes PIP su extracción y reemplazo.
Días después, la Anmat adoptó la misma interdicción y recomendó a quienes las tuvieran colocadas, someterse a controles periódicos. En ese momento se estimó que en Argentina se habían implantado prótesis mamarias PIP posiblemente defectuosas a unas 20 a 25 mil personas.
Para entonces, a los daños físicos se sumarían los psicológicos y patrimoniales en las mujeres afectadas de todo el mundo, muchas de las cuales no estaban en condiciones económicas de afrontar una nueva operación quirúrgica, que oscila entre los 3 y 4 mil dólares.
En paralelo, el derrotero judicial en búsqueda de reparación avanzaba en diferentes frentes. El 14 de noviembre de 2013 la Justicia comercial francesa condenó a TÜV por los daños físicos y psicológicos causados a 1.500 usuarias de PIP concediéndole a cada una indemnización provisional de 3.000 euros, al tiempo que abrió la posibilidad de que las mujeres afectadas en el extranjero pudieran reclamar.
Un mes después, un tribunal penal de Marsella condenó al dueño de PIP -Jean Claude Mas- y a cuatro directivos de la firma a penas de prisión de hasta cuatro años por «fraude y engaño agravado» y ordenó el pago de una indemnización a las víctimas.
Dado que PIP fue liquidada en 2011 mientras que TÜV es una empresa líder con actividad en 60 países y una facturación de 2.500 millones de dólares anuales, los reclamos se dirigieron a esta última y, tras la demanda colectiva inicial, se iniciaron otras cinco con un estimado de 20 mil víctimas accionando contra la certificadora.
Después de algunos reveses en segunda instancia, en mayo de 2023 la Corte de Casación francesa -el máximo tribunal del país- «confirmó definitivamente» la responsabilidad de TÜV y ordenó pericias judiciales para determinar el monto definitivo de las indemnizaciones.
«La empresa TÜV Rheinland no cumplió con sus obligaciones de control, prudencia y vigilancia en el ejercicio de su misión profesional y su responsabilidad profesional quedó demostrada», dijeron los jueces en su veredicto.
Hasta ahora 30 mil mujeres cobraron la indemnización provisoria pero sólo un puñado recibió la definitiva por montos que van entre 8.000 y 40.000 euros, pero la perspectiva es que todas las que logren demostrar que tienen o tuvieron un implante PIP en sus cuerpos se hagan acreedoras de una reparación.
Por otro lado, es altamente probable que se presente una sexta demanda colectiva dada la cantidad de víctimas que aún no reclamaron a nivel mundial y que la mayoría de los casos no están prescriptos para la legislación francesa.
«En Francia la acción para pedir indemnización por daño corporal prescribe recién 10 años después de la ‘consolidación’, es decir, después del momento en que dejan de producirse síntomas evolutivos. Así que una mujer que todavía tienen un nódulo de silicona que no se lo pudo sacar aunque se haya puesto la PIP en 2003, todavía está a tiempo para pedir justicia», dijo Gignoli Roilette.
La abogada explicó que el próximo miércoles hay una audiencia en el marco de la quinta demanda colectiva en la que se incorporarán cientos de nuevas víctimas y «entre 100 y 300» de los nuevos ingresos serán de argentinas.
El bufete francés que representa a la mayoría de las demandantes argentinas, el Estudio DGR, está impulsando en Argentina la campaña #AunEstasATiempo con la que busca concientizar a posibles víctimas, informar sobre la causa e invitar a quienes recibieron este tipo de prótesis a unirse a la demanda internacional sin necesidad de viajar ni de realizar una inversión monetaria. Más información vía WhatsApp al +54911 3076 2737.
