«Nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son derechos humanos».
La Ley 27.610 que, en la República Argentina, garantiza el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el derecho a decidir para las mujeres y personas gestantes, cumple tres años. La ley fue aprobada el 30 de diciembre de 2020.
Su sanción es un logro colectivo. Es un derecho adquirido como resultado de la lucha de las mujeres en su largo camino de activismo, de discusiones legislativas y diálogo de distintos sectores en uno de los debates más democráticos y participativos de nuestra historia.
La IVE es acompañada por la Ley Nacional N° 27.611 de Atención y Cuidado de la Salud durante el embarazo y la primera infancia (llamada de los “1000 Días”) y ambas comparten las mismas fuentes internacionales vigentes y operativas insertas en el texto de la Constitución Nacional, con la misma jerarquía. La Ley Ómnibus que el gobierno envió al Congreso aspira a modificarla proponiendo la «búsqueda activa y detección de mujeres embarazadas» como si fuéramos meras incubadoras vivientes.
Este año, la celebración del aniversario de un hecho histórico tan decisivo se ve ensombrecido por la desjerarquización de las políticas públicas con perspectiva feminista mediante la eliminación del Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidad, como así también por el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus con que el gobierno pretende dar marcha atrás a gran cantidad de las conquistas de derechos que aseguran la justicia social de la población en general y de las mujeres y disidencias en particular.
Nos inquieta sobremanera la intención de dejar sin efecto la ley que promociona la actividad de los laboratorios de producción pública, lo que puede impactar en la elaboración y distribución de misoprostol y mifepristona; la modificación de las licencias por maternidad; la eliminación de la doble indemnización por despido de la persona embarazada; la eliminación de la doble indemnización para trabajadoras de casas particulares; que ya no se multe el incumplimiento de la indemnización de una persona que no estuviere registrada o lo estuviere de modo deficiente; que se invierta la carga de la prueba en juicios por despidos discriminatorios; que se ponga en peligro la continuidad de los puestos creados por el Cupo Laboral Trans; que se quite la obligatoriedad de la Ley Micaela; que se ponga en duda la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, imponiendo la protección hacia menores «desde el momento de la concepción»; que se invisibilice a las mujeres y disidencias a partir del lenguaje.
La devaluación, el aumento desmesurado del costo de los alimentos, del alquiler, de las tarifas en energía y transporte significan un durísimo golpe al bolsillo de los más pobres y, en nuestro país, las mujeres – especialmente mujeres con hijxs pequeñxs – son el núcleo de la verdadera pobreza.
El programa de ajuste y de represión que está aplicando el gobierno necesita de determinados enemigos internos: el movimiento sindical, los movimientos populares, los movimientos feministas.
Somos trabajadoras, nuestra supervivencia y también nuestra construcción colectiva están amenazadas. Nos quieren con hambre y con miedo para que no pensemos.
La democracia que, con coraje y decisión, le arrebatamos a la dictadura hace 40 años está en peligro.
Campaña Nac x el Der al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Comarca Serrana de SDLV,
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana
Consejo Municipal de las Mujeres Tornquist
