La reducción de programas nacionales y las respuestas provinciales reabren el debate sobre cómo acompañar a las adolescentes frente a situaciones de violencia, embarazo no intencional, abandono escolar y problemas de salud mental
A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, la situación de las adolescentes vuelve a plantear interrogantes sobre el alcance de las políticas públicas en Argentina. Especialistas y organismos advierten sobre desafíos menos visibles que condicionan sus trayectorias: el acceso a la salud mental, la prevención de embarazos no intencionales, la permanencia escolar y la disponibilidad de redes de cuidado y acompañamiento.En los últimos años, varias de las políticas nacionales destinadas a estos temas fueron reducidas, modificadas o discontinuadas. Al mismo tiempo, algunas provincias comenzaron a desarrollar respuestas propias para sostener programas de prevención, asistencia y revinculación educativa. En este escenario, nos preguntamos: ¿qué capacidad tienen hoy las instituciones para acompañarlas?. De eso habla esta nueva agenda pública de Fundación COLSECOR.
El disparador: Ni Una Menos
Chiara Páez tenía 14 años cuando su desaparición y muerte en Rufino, Santa Fe, en mayo de 2015 encendió la primera convocatoria del Ni Una Menos. A once años de esa primera marcha, lo que se logró incorporar en la agenda política y social sigue siendo más sólido que la respuesta gubernamental y judicial.
En ese marco, una de las instituciones que produce información para orientar el diseño de política públicas es el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, asociación civil que reporta cifras que incomodan: entre junio de 2015 y mayo de 2026 hubo en Argentina al menos 3.205 femicidios, uno cada 31 horas.
Los datos del informe de Ahora Que Sí Nos Ven revelan que en los femicidios de niñas y adolescentes menores de 17 años, el principal agresor (el 34,6% de los casos) es un familiar o un conocido. Más de un tercio de estos crímenes ocurre en el entorno que debería ser de cuidado y protección, lo que dificulta cualquier estrategia de denuncia o búsqueda de ayuda. A eso se suma que el 22% de las niñas y adolescentes asesinadas en estos once años había sido desaparecida previamente, y el 19% sufrió ataques contra su integridad sexual.
El análisis por franjas etarias suma otro dato: el 76% de las víctimas menores de 17 años tenía menos de 15 años, con especial concentración entre los 11 y los 15. Se trata, como señala el propio informe, de edades atravesadas por la escolarización y la construcción de autonomía, donde el acceso a redes de escucha y acompañamiento debería funcionar como mecanismo de prevención.
Fue el caso Agostina, que conmocionó al país en días previos al 3J, el que volvió a poner en el centro una pregunta clave: ¿qué dispositivos de protección existen cuando la víctima es una adolescente? La pregunta no es menor, porque las adolescentes no son simplemente “mujeres jóvenes”: tienen formas particulares de exposición al riesgo, con vínculos de dependencia que limitan sus posibilidades de pedir ayuda y con una relación con las instituciones del Estado que está mediada por adultos.
Avances y retrocesos
Durante las últimas dos décadas, Argentina desarrolló un conjunto de políticas orientadas a prevenir y abordar situaciones de violencia de género, garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos y fortalecer mecanismos de acompañamiento. Diversos organismos nacionales, programas específicos y redes territoriales conformaron una arquitectura institucional que, con distintos niveles de alcance según las jurisdicciones, funcionó como referencia para la intervención estatal frente a situaciones de vulnerabilidad.
Desde diciembre de 2023, ese sistema fue desmantelado de manera sistemática. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación fue cerrado. La Línea 144 nacional fue vaciada. El Plan ENIA, el programa de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia, con presencia territorial en todo el país, fue eliminado. El INADI fue disuelto, lo que según el informe del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires afectó la articulación interjurisdiccional: ese organismo tenía llegada directa a territorios en otras provincias y facilitaba gestiones que hoy no tienen canal institucional.
Los efectos de todo ese combo se miden en datos concretos. En 2025 no se registró ninguna nueva alta del Programa Acompañar, que brindaba apoyo económico transitorio a víctimas de violencia de género. El CELS documentó que actualmente solo el 8% de las políticas de cuidado que estaban vigentes en 2023 permanecen activas: de 50 políticas, quedan cuatro. Casi tres millones de personas perdieron al menos una prestación o fueron desvinculadas de un programa del que eran beneficiarias.
La comunidad internacional observó este retroceso con preocupación formal. En marzo de 2026, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW) señaló la respuesta insuficiente del Estado nacional argentino, con observaciones específicas sobre la falta de un marco integral operacional hacia las adolescentes: por ejemplo, el CEDAW expresó que desde el Gobierno tuvieron una postura abiertamente regresiva en derechos sexuales y reproductivos, negando la evidencia comprobada de la implementación del Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia e insistieron en que el Estado argentino se aparte de estos temas para dejarlos en mano de las familias que son, según la respuesta oficial, “responsables de educar a sus hijos sobre la planificación familiar como quieran y les parezca”. «Las observaciones del comité reflejan una diferencia de enfoque respecto del papel que deben desempeñar las políticas públicas y las instituciones educativas en materia de prevención y acompañamiento.
La ESI, el embarazo adolescente y las trayectorias educativas
La escuela ocupa un lugar central en las políticas destinadas a las adolescencias. No sólo porque concentra buena parte de los procesos de aprendizaje y socialización, sino porque funciona como un espacio de prevención, detección temprana y acompañamiento frente a distintas situaciones de vulnerabilidad.
En ese marco se propuso el Plan ENIA, lanzado en 2018, porque las cifras daban cuenta de un escenario dramático: siete de cada diez embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales, mientras que entre las niñas menores de 15 años la proporción ascendía a ocho de cada diez casos, muchos de ellos asociados a situaciones de abuso sexual.
Apenas tres años después de ponerse en marcha, logró reducir las cifras a cinco de cada diez embarazos no intencionales entre adolescentes de 15 a 19 años y a siete de cada diez entre las menores de 15 años. ¿Qué se hizo? Articular acciones entre los sistemas de salud, educación y desarrollo social con el objetivo de ampliar el acceso a información, métodos anticonceptivos y acompañamiento integral para adolescentes. Dicho de otro modo, se había logrado una política pública integral más allá de las jurisdicciones y áreas de especialidad.
En este escenario, la Educación Sexual Integral (ESI), ley nacional desde 2006, también constituye una herramienta clave de prevención. Además de brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos, la ESI incorpora contenidos vinculados con el consentimiento, los vínculos respetuosos, la igualdad de género y la prevención de las violencias. Diversas investigaciones muestran que la escuela suele ser uno de los primeros espacios donde niñas, niños y adolescentes adquieren herramientas para reconocer situaciones de abuso o vulneración de derechos. Datos del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires señalan que entre el 70% y el 80% de los niños y niñas que habían sufrido abusos lograron reconocer esas situaciones luego de participar en actividades vinculadas a la ESI.
Pero la ESI resultó otra de las políticas congeladas desde 2024: según datos de Amnistía Internacional, ese año recibió el presupuesto más bajo de los últimos siete años y en 2025 no se le asignó ninguna partida presupuestaria. Ahora bien, el problema de eliminarla de la agenda pública excede el plano sanitario y se traslada a las trayectorias educativas. La evidencia muestra que el embarazo durante la adolescencia tiene efectos sobre la permanencia escolar y las oportunidades futuras de las jóvenes.
Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) muestran que sólo el 38% de las mujeres que fueron madres durante la adolescencia logró completar la educación secundaria, frente al 55% de aquellas que tuvieron hijos en la adultez. En la misma sintonía UNICEF y de Argentinos por la Educación muestran que las interrupciones temporales, las repitencias, el ausentismo y las salidas anticipadas siguen afectando especialmente a quienes viven en contextos de vulnerabilidad económica y social.
Las dificultades para sostener las trayectorias educativas llevaron a distintas provincias a desarrollar estrategias específicas de acompañamiento y revinculación escolar. Mientras Buenos Aires fortaleció los Centros Socioeducativos y Comunitarios y desplegó dispositivos de revinculación educativa en barrios populares, Entre Ríos implementó el programa Acompañar en escuelas secundarias para prevenir el abandono escolar y Tucumán impulsó, junto a Unicef, el plan Juntos de Nuevo para identificar y reincorporar estudiantes que habían quedado fuera del sistema educativo. Algo similar lanzaron en Río Negro a principio de este año.
Detrás de estas iniciativas aparece un problema de carácter estructural: en los hogares con mayores dificultades económicas, las tareas de cuidado, la necesidad de generar ingresos o las limitaciones para acceder a bienes y servicios básicos suelen impactar de manera directa sobre la permanencia escolar. Allí las mujeres adolescentes suele ver afectadas su trayectoria escolar y laboral, tal como señala este informe de Unicef. Cuando una adolescente abandona la escuela o se desvincula de manera temprana, no sólo interrumpe un recorrido formativo. También pierde acceso a una red institucional capaz de detectar situaciones de riesgo, acompañar procesos complejos y facilitar el acceso a otros derechos. En ese sentido, la escuela constituye una de las principales herramientas de protección social disponibles durante la adolescencia.
Violencia de género en adolescentes
Una encuesta realizada entre estudiantes de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven mostró que: “8 de cada 10 jóvenes habían sufrido alguna situación de incomodidad o violencia en el ámbito escolar. Sin embargo, el 60% de quienes atravesaron situaciones de acoso no realizó ninguna acción al respecto: no denunció, no buscó ayuda, no lo dijo en voz alta”. El miedo, la falta de confianza en los adultos de la institución y la ausencia de protocolos claros construyen ese silencio. “Ahora que nos escuchen”, sintetiza el informe.
Fuera de la escuela, el panorama institucional se estrechó. La Línea 144, línea nacional de atención en situaciones de violencia de género, fue vaciada en su capacidad operativa. La retracción de algunos dispositivos nacionales también produjo respuestas diferenciadas en las provincias. Mientras algunas jurisdicciones fortalecieron sus propios sistemas de atención y acompañamiento, otras profundizaron mecanismos de articulación con municipios y organizaciones territoriales. Buenos Aires sostiene una línea provincial especializada las 24 horas, mientras que provincias como Santa Fe, Córdoba y Catamarca continúan desarrollando estrategias propias de atención, asesoramiento y derivación frente a situaciones de violencia de género. Estas experiencias muestran que, frente a la reducción de programas nacionales, parte de las respuestas comenzaron a desplazarse hacia los gobiernos provinciales y locales.
A esa violencia presencial se suma una dimensión que crece sin que las respuestas institucionales la alcancen: la violencia digital. El informe del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires registra que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento aumentó un 96% interanual entre 2024 y 2025. También reportan casos de imágenes generadas con inteligencia artificial, situaciones que resultan especialmente complejas de abordar en términos de acceso a la justicia.
Las investigadoras Yanina Frezzotti y Maria Tarullo publicaron los resultados de una investigación cualitativa realizada con 199 estudiantes de 12 a 19 años de institutos de nivel secundario de Argentina. El estudio muestra cómo los espacios virtuales, donde transcurre buena parte de la vida de las adolescencias, se convierten en nuevos canales para reproducir la violencia de género, fundamentalmente a través de la difusión de burlas, rumores y fotos íntimas entre el propio alumnado.
Salud mental
El impacto en la salud mental es otro eje que los equipos especializados identifican como creciente y cada vez más instalado en edades tempranas. Diversos organismos internacionales también advierten sobre el impacto que tienen las redes sociales y las experiencias de violencia digital en el bienestar emocional de adolescentes, especialmente mujeres jóvenes. Fenómenos como el ciberacoso, la exposición permanente a estándares de belleza difíciles de alcanzar, la circulación no consentida de imágenes y las dinámicas de hostigamiento en entornos digitales aparecen cada vez con mayor frecuencia entre los factores asociados al malestar emocional y las consultas por salud mental.
En la provincia de Buenos Aires las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 60,9% entre 2019 y 2024. Los profesionales que trabajan con personas en situación de violencia describen un incremento en las menciones de autolesiones e ideación suicida, vinculado tanto a la violencia en sí como al deterioro de las condiciones materiales de vida. A nivel nacional, organizaciones como la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) vienen advirtiendo sobre las dificultades para sostener dispositivos de prevención, acompañamiento y atención en salud mental y cuidados. La reducción o discontinuidad de programas nacionales, sumada a las limitaciones presupuestarias que atraviesan los sistemas públicos de salud, trasladó una mayor presión a las provincias y municipios, que hoy deben absorber una demanda creciente con recursos desiguales.
Así, cuando una adolescente atraviesa estas situaciones y necesita atención, se encuentra con turnos demorados, sistemas públicos de salud bajo presión y una red de programas que, en su mayoría, ya no existe. Lo que queda, en muchos casos, son los pares. La misma encuesta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reveló que un tercio de las y los estudiantes recurre a sus compañeros o al centro de estudiantes frente a una situación de acoso, porque no sabe en quién confiar entre los adultos de su institución, porque no se difundieron protocolos que no se difundieron y ante un Estado que, especialmente en los últimos dos años, fue retirando las herramientas que hacían posible otra respuesta.
Las consecuencias de las decisiones que se toman hoy probablemente no se expresen de manera inmediata. Se verán en los próximos años, en las trayectorias educativas interrumpidas, en los embarazos no intencionales que podrían haberse evitado, en los problemas de salud mental que no encontraron atención o en las situaciones de violencia que no lograron ser detectadas a tiempo. Cuando las redes de prevención se debilitan, los efectos suelen aparecer mucho después y son más difíciles de revertir. Allí se juega buena parte del futuro de las adolescentes y de las oportunidades que tendrán para construir proyectos de vida autónomos y ejercer plenamente sus derechos.
Fuente: Fundación COLSECOR
