Se trata de Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston, todos integrantes de la Fuerza Aérea. Estos actuaron en otros centros clandestinos como la base aérea de Morón.
El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín condenó la mañana del martes a 25 años de prisión a cuatro genocidas de la fuerza aérea que secuestraron, torturaron y abusaron de un centenar de personas en Mansión Seré y otros centros clandestinos que integraron el circuito represivo que funcionó en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. El exagente de la fuerza y apropiador de bebés, Juan Carlos Vázquez, quien actuó en la Regional de Inteligencia Buenos Aires y permaneció prófugo durante casi 20 años, era el quinto acusado en el debate, pero falleció sin recibir sentencia.
Las juezas María Claudia Morguese Martín –presidenta del TOF– y Silvina Mayorga, y el juez Walter Venditi, decidieron por unanimidad condenar a los cuatro acusados bajo juicio luego de considerar como delitos de lesa humanidad e imprescriptibles los hechos analizados en el debate que comenzó en agosto de 2024 y se extendió durante más de un año y medio. El veredicto así como la totalidad del juicio pudo verse y oírse mediante la transmisión digital del medio comunitario La Retaguardia.
Juan Carlos Herrera y José Zyska eran, al momento de los hechos, teniente primero y cabo de la I° Brigada Aérea de El Palomar. Recibieron condenas a 25 años de prisión por ser considerados coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos y, en el caso de Herera, abuso deshonesto y abuso sexual con acceso carnal. Herrera y Zyska actuaron en los centros clandestinos que funcionaron en El Palomar y en Mansión Seré.
El capitán retirado de la VIII° Brigada Aérea de Moreno Ernesto Lynch recibió la misma condena por los mismos crímenes que Herrera. Lynch fue el jefe del grupo de tareas 12, que salía a cazar víctimas por las calles de Moreno a bordo de unas camionetas conocidas como “Las Tres Marías”. Su sobrina desobediente Noelia Lynch fue una de las testimoniantes en el debate oral y público que comenzó en agosto de 2024.
El cabo retirado de la RIBA Julio César Leston fue condenado por su coautoría los secuestros y las torturas aplicadas a personas que fueron mantenidas cautivas en la Comisaría de Castelar. Otro delito que configuró su condena fue el de coacción.
Los cuatro efectivos de la Aeronáutica integraron los Grupos de Tareas 100, 10, 11, 12 y grupos especiales formados con policías de la provincia y militares que actuaron en la denominada Subzona militar 16, sobre la que la Fuerza Aérea condujo la represión ilegal en los barrios del Conurbano oeste bonaerense. El juicio abordó crímenes de lesa humanidad sucedidos en Mansión Seré y otros centros clandestinos, como la Primera Brigada Aérea de Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo, la Comisaría 1ª de Morón, el Destacamento de Paso del Rey, la VII Brigada Aérea de Moreno –en donde el gobierno de Javier Milei habilitó acciones militares de Estados Unidos–, la Subcomisaría de Francisco Álvarez, la Comisaría de Moreno y la RIBA.
Los hechos que tuvieron lugar en la Regional de Inteligencia, no obstante, quedaron fuera de debate luego del fallecimiento de Vázquez Sarmiento, quien actuó como jefe de Contrainteligencia de esa dependencia y cayó detenido en octubre de 2021 tras mantenerse a salvo de la Justicia durante 19 años.
Luego de recibir una condena por la apropiación del nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro, el “Colo” Vázquez afrontó una acusación por su responsabilidad en el secuestro de Patricia Roisinblit, José Manuel Pérez Rojo y Gustavo Pontnau, que fueron cazados el 6 de octubre de 1978 y mantenidos cautivos en la RIBA. El represor y apropiador intentó por todos los medios evitar ser juzgado por esos hechos y atrasar el comienzo del debate –que fue pospuesto en dos oportunidades–. Finalmente murió impune.
El TOF ordenó, además, que el Ministerio de Defensa disponga la baja por exhoneración de los acusados de la Fuerza Aérea y que aplique la suspensión de goce “de todo retiro, pensión o jubilación que puedan estar gozando”. Al Registro nacional de Armas, en tanto, ordenó se les retire a los cuatro “toda arma que pudieran poseer”.
Otro de los puntos sobresalientes del veredicto fue la extracción de testimonios y documentación que se reunió a lo largo del expediente y el debate y el envío al Juzgado de instrucción correspondiente para poder avanzar con la pericia vinculada al pedido de ampliación de la acusación que a fines de 2025 habían realizado las querellas y el Ministerio Público Fiscal sobre los delitos de lesa humanidad sufridos por personas que al momento de los hechos eran niños y niñas.
Fuente Página 12
