Una de las innovaciones políticas más profundas de la modernidad no nació en la Ilustración, ni en el contractualismo anglosajón, ni en la revolución estadounidense. Nació en el corazón del pensamiento católico hispánico del S.XVI, en la Escuela de Salamanca. Allí, teólogos y juristas como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez formularon una distinción decisiva que todavía hoy incomoda a los poderes constituidos: no es lo mismo la legitimidad de origen que la legitimidad de ejercicio.
Dicho con claridad: no basta con llegar legalmente al poder para ser legítimo. La legitimidad no se agota en el procedimiento. Se verifica -o se pierde- en el modo en que ese poder se ejerce y, sobre todo, en para qué se ejerce. El criterio último no es la ley positiva ni la voluntad circunstancial de una mayoría, sino el Bien Común.
Esta distinción rompe con dos ficciones modernas: la idea de que la democracia electoral legitima cualquier decisión posterior y la noción de que la legalidad equivale automáticamente a justicia. Para los salamanquinos, el poder tiene un origen mediado (Dios → comunidad → gobernante), pero su ejercicio está estrictamente condicionado: si el gobernante actúa contra el Bien Común, se transforma en tirano, aun cuando haya llegado al poder de manera legítima.
Aquí está el núcleo subversivo del pensamiento salamanquino: la obediencia política no es absoluta; es moralmente condicionada. Las leyes injustas no obligan en conciencia. Y un pueblo no está obligado a colaborar con su propia destrucción.
De Salamanca al siglo XXI
Cinco siglos después, esta distinción vuelve a ser incómodamente actual. Vivimos en sistemas donde el debate político se reduce a una pregunta empobrecida: ¿fue elegido democráticamente, sí o no? Como si el acto electoral funcionara como un cheque en blanco moral.
Pero el problema real no es cómo se llega al poder, sino qué se hace con él.
Un gobierno puede ser electo por mayoría y, sin embargo, destruir las condiciones materiales, sociales y espirituales que hacen posible la vida comunitaria. Puede cumplir con la ley formal y, al mismo tiempo, violar el principio superior del Bien Común. Cuando eso ocurre, la legitimidad de ejercicio se rompe, aunque la de origen permanezca intacta.
El caso argentino: legalidad sin justicia
La Argentina actual ofrece un ejemplo paradigmático de esta tensión. El gobierno libertario reivindica su legitimidad casi exclusivamente en el resultado electoral y en el cumplimiento formal de los procedimientos institucionales. Sin embargo, el contenido material de sus políticas plantea una pregunta salamanquina clásica: ¿para qué se ejerce el poder?
La reforma laboral que se intenta imponer -bajo el lenguaje técnico de la “modernización” y la “flexibilización”- no apunta al Bien Común, sino a la reconfiguración del orden social en favor de una minoría económica. Debilita la protección del trabajo, desorganiza la comunidad productiva, fragmenta la solidaridad social y traslada el riesgo estructural desde el capital hacia el trabajador.
Todo es “legal”. Todo es “institucional”. Pero todo es socialmente destructivo.
Desde la perspectiva de la Escuela de Salamanca, esto no es una simple diferencia ideológica: es un problema de legitimidad. Un poder que gobierna sistemáticamente contra la vida digna de las mayorías, aunque haya sido electo, pierde autoridad moral. No porque viole una norma, sino porque traiciona el fin mismo para el cual existe el poder político.
Democracia sin Bien Común
La democracia reducida a procedimiento se vuelve cáscara vacía. Votar cada cuatro años no garantiza justicia, ni comunidad, ni futuro. Cuando el poder se ejerce contra el trabajo, contra la organización social y contra la soberanía económica, la democracia se degrada en técnica de dominación legal.
Eso es lo que los salamanquinos vieron antes que nadie: el poder no se justifica por su origen, sino por su orientación moral. Y cuando esa orientación se pierde, la desobediencia deja de ser un pecado y se convierte en una responsabilidad histórica.
La verdadera discusión política no es si el gobierno fue elegido. Es si gobierna para el Bien Común o contra él. Todo lo demás es ruido jurídico para encubrir una verdad incómoda: la legalidad sin justicia es una forma sofisticada de tiranía.
Por : Luis Gotte
