Con esa pregunta en el aire, repasamos la historia completa del caso: qué ocurrió, cómo se desarrollaron las investigaciones, la cronología minuto a minuto que permitió reconstruir la desaparición, y también la larga batalla judicial encabezada por los abogados de las familias —en su mayoría representados por el doctor Fernando Burlando y la doctora Valeria Carreras— para que los responsables rindan cuentas algún día mientras continúa en juego la emoción, la pérdida y el dolor de sus seres queridos.
Antecedentes del submarino
El ARA San Juan era un submarino argentino de la clase TR-1700, construido en Alemania Occidental por Thyssen Nordseewerke, botado en 1983 y puesto en servicio en 1985. Permanecía en la Base Naval de Mar del Plata y operaba con patrullas en el Atlántico Sur, especialmente para vigilancia y control de zonas económicas exclusivas.
Durante su vida operativa había sufrido demoras y crecientes problemas de mantenimiento: la renovación de media vida entre 2008 y 2013 se prolongó demasiado, lo que generó críticas por la postergación de los trabajos de mantenimiento crítico. Ese contexto técnico, operativo y presupuestario formaba un telón de fondo que, tras lo ocurrido, se convirtió en materia de investigación.
Los propios letrados lo han señalado claramente: “A estos 44 héroes los mandaron en un viaje a la muerte”, sentenció Burlando. En ese sentido Carreras aportó que “el submarino salió a navegar en las pésimas condiciones en que lo hizo” y que ese hecho no puede desligarse del análisis judicial.
Viaje y contacto final
El 8 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpa desde la Base Naval de Ushuaia rumbo a Mar del Plata, como parte de una misión de patrulla por el Atlántico sur, luego de participar de un ejercicio. El 15 de noviembre de 2017 a las 07:31 (hora argentina) la nave informa problemas en el tanque de baterías número 3 y envía un mensaje: había entrado agua de mar, lo que generó un incendio o corto-circuito. Este mensaje fue el último contacto “oficial”.
A las 10:31 ART del mismo día, los sensores internacionales de la Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO) captaron un “evento acústico” consistente con implosión en el área del Golfo San Jorge. Se consideró que la nave, con sus 44 tripulantes, había sufrido una implosión.
Operativo de rescate y búsqueda
Desde la pérdida de contacto se inicia un gigantesco operativo de rescate y búsqueda: la Armada de la República Argentina convoca a varias naciones y embarcaciones especializadas en operaciones SAR (Search and Rescue).El 30 de noviembre de 2017 la Armada informa la finalización de la fase de rescate —las esperanzas de encontrar sobrevivientes se dan por terminadas— y se pasa a búsqueda de restos en el lecho marino.Las familias, los oficiales navales y el país entero permanecen expectantes, con el corazón puesto en la búsqueda.
El 16 y 17 de noviembre de 2018, un año después de la desaparición, la empresa privada noruega Ocean Infinity, contratada por el Estado argentino, localiza el casco del ARA San Juan a 907 metros de profundidad, a unos 460 kilómetros al sudeste de Comodoro Rivadavia. Las imágenes mostraron el casco implosionado, fragmentado y disperso en un área de 8.000 m² aproximadamente. La información oficial comunicó que la tripulación debía haber perdido la vida casi instantáneamente tras la implosión.
A modo de testimonio, Sandra Valdéz, madre del suboficial Eduardo Valdéz, expresaba acongojada: “Lo único que espero es saber la verdad de lo que pasó. Mi hijo acaba de pasar su cumpleaños abajo del agua”. La mujer viajó desde Salta para estar en los actos conmemorativos.
Cronología detallada de la tragedia
- 8 de noviembre de 2017: Zarpada de Ushuaia de la ARA San Juan rumbo a Mar del Plata, tras haber realizado ejercicios.
- 15 de noviembre: Cerca de las 07:00 horas la nave está sumergida en su patrulla entre el Golfo San Jorge y la zona del Atlántico.
- 07:31 horas: Mensaje al mando de la Flota de Submarinos: “Entrada de agua de mar en el tanque de baterías número 3; incendio/corto en baterías; estamos realizando maniobra para resolverlo”. Más tarde: Cortes de comunicación.
- 10:31 horas: Registro del evento acústico tipo implosión por CTBTO.
- Desde ese momento: Se declara pérdida de contacto y comienza el operativo naviero de emergencia.
- 16-30 de noviembre de 2017: Búsqueda intensa, frustración creciente, familias recorriendo bases navales, declaraciones oficiales que buscan contener la angustia, comienzan las especulaciones sobre causas técnicas, responsabilidades navales y presupuestos.
- 30 noviembre de 2017: La Armada comunica que ya no se espera recuperar la nave ni la tripulación con vida, inicio de la etapa de arqueología submarina.
- Octubre de 2018: Familias y querellas exigen investigar posibles fallas de mantenimiento, riesgos conocidos, el rol del Estado.
- 17 de noviembre: Hallazgo del casco del submarino. El alivio mínimo para las familias es tener el descanso material, pero quedan pendientes las causas.
- 2019-2021: Las investigaciones judiciales avanzan muy lentamente. Se presentan decenas de expedientes (algunas fuentes mencionan “los 40 expedientes del ARA San Juan”). Las familias reclaman transparencia, que se identifiquen responsables. Hay momentos de estancamiento, archivos provisionales, reclamos de desclasificación.
- 2022: A cinco años de la tragedia, investigaciones periodísticas señalan que la causa está en una fase avanzada, hay cuatro oficiales navales procesados y la principal hipótesis es la falta de mantenimiento del submarino. Pero, también se revela que aún no se analiza completamente el material fotográfico del hallazgo en profundidad.
- 2023-2024: Las familias no paran de dar batalla. El Estado argentino promulga la ley 27.758 por la cual el 15 de noviembre se instituye como “Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroínas del submarino ARA San Juan, y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino”.
- 2025: En octubre de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal confirma que el juicio oral se hará en la provincia de Santa Cruz. Quedan imputados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, todos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes y estrago culposo agravado. La disputa jurisdiccional por la sede del juicio —Mar del Plata vs. Santa Cruz— queda saldada a favor de esta última, lo que cierra otra puerta de dilación.
Hipótesis de hundimiento
El análisis técnico señala que el ARA San Juan sufrió una explosión de hidrógeno originada por el cortocircuito de baterías que habían sido inundadas por agua de mar en el tanque 3, generando un incendio y el colapso de la nave. En ese lapso, la nave comienza a descender irregularmente hasta que la presión externa rompe el casco y provoca la implosión. El informe menciona que la energía liberada equivaldría a la explosión de más de 5 toneladas de TNT. Los abogados querellantes van más allá: “La nave fue mandada sabiendo que tenía fallas y los avisos internos no fueron atendidos con la urgencia requerida”.
Sostienen que se navegaba con baterías ya deterioradas, sin completar la actualización de media vida, con diarios de mantenimiento de la nave críticos y reparaciones demoradas. La Armada admitió que el periodo de actualización del buque había sido muy extenso y con presupuesto limitado. Fernando Burlando asegura que los oficiales al mando —y la cadena de mando naval— tenían alertas claras y permitieron la salida de la nave a patrulla sin restablecer condiciones seguras, incumpliendo los protocolos básicos de submarinismo.
Aquí radica una mayor expectativa de responsabilidad penal, porque no se está frente a un accidente inevitable, sino frente a lo que la querella describe como “un envío al sacrificio” de los 44 tripulantes.
La doctora Valeria Carreras, por su parte, también fue contundente: “Gracias a mi querella, tenemos la sentencia del tribunal de Comodoro Rivadavia que hace lugar al planteo para que se investigue también la responsabilidad del entonces presidente, Mauricio Macri, de quien era ministro de Defensa, Óscar Aguad, y del entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur. Nosotros lo que queremos es saber realmente qué pasó.”
La lucha de las familias
Las madres, esposas, hijos y hermanos de los 44 tripulantes transformaron el reclamo en un ejercicio de memoria colectiva: fotos, misas en la Base Naval de Mar del Plata, caravanas por la costa atlántica y discursos que denunciaban la indiferencia estatal. También se elaboraron pedidos de declaración de duelo nacional. En 2024 se logró la declaración del «Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA San Juan».
Las emociones han sido una mezcla de orgullo (por los tripulantes), de rabia (por la sensación de abandono) y de cansancio: años de espera, promesas incumplidas, archivos provisionales estancados. Las mamás unidas expresaron con esperanza y dolor: “Que estos muchachos no sean sólo una estadística más, que tengan nombre y apellido y que haya justicia”.
La batalla jurídica
La querella presentó múltiples recursos para evitar que la causa quedara archivada. Según fuentes, existen 40 investigaciones judiciales interrelacionadas vinculadas con el ARA San Juan. La Cámara de Casación confirmó que el juicio oral se hará en Santa Cruz, lo cual representa un avance significativo para las familias que temían dilaciones.La sede, puntualizado por Carreras, tiene un valor simbólico. “La nave jamás arribó a puerto. El hecho ocurrió en alta mar. Aquí no era Mar del Plata”, afirma.
Los imputados —dos almirantes y dos capitanes navales— afrontan acusaciones por incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por el resultado muerte. Aún resta definir si alcanzan a los ex ministros y almirantes de mayor rango.
En paralelo, familiares denunciaron espionaje por parte de la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Mauricio Macri (AFI) sobre sus actividades de reclamo, lo cual abrió un nuevo frente judicial. La abogada Valeria Carreras sinceró la situación: “Nunca podíamos llorar a nuestros seres queridos porque sabíamos que nos estaban escuchando”.
Los testimonios recogidos son crudos. En diciembre de 2017 un grupo de parientes se reunió con diputados en el Congreso y uno de los familiares solicitó responsabilidad y clemencia: “Quiero pedirles que muevan todos los papeles… porque son personas, con hijos, con esposas, pero sobre todo hombres de bien que fueron a proteger nuestro mar”.
Política, Estado y responsabilidad institucional
El episodio puso en evidencia una serie de tensiones políticas e institucionales: La inversión en defensa, el abandono de ciertas flotas, el atraso en mantenimiento tecnológico, el recorte presupuestario de la Armada y la pérdida de conocimiento operativo. Todo alimentó el relato de que el Estado permitió que un submarino navegara en condiciones inseguras.
En el ámbito político, se cuestionó al gobierno de entonces por la falta de transparencia, demoras en comunicar información a las familias y la visible tensión entre la Armada y el Ministerio de Defensa.
Las relaciones internacionales se activaron: empresas extranjeras (como Ocean Infinity) participaron de la búsqueda; también se generaron cuestionamientos sobre tecnología importada, sobre la capacidad argentina para operar submarinos de alta complejidad, y el papel de alianzas estratégicas navales.
Un hecho que aún duele: el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo reveló ante la justicia que tenían “detectada la posición del submarino, sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones 20 días después de su desaparición”, palabras que sembraron indignación entre las familias y los abogados de la querella.
Por qué la demora en la justicia
- Las razones de la lentitud del proceso son múltiples: la complejidad técnica es que se trata de una nave hundida a casi un kilómetro de profundidad, con restos dispersos, por lo que la pericia y el análisis forense tardan mucho más que en los accidentes terrestres.
- La jurisdicción cuestionada: se debate la competencia acerca de dónde hacer el juicio. Esto generó años de discusión (las opciones son Mar del Plata, Santa Cruz o Buenos Aires).
- Recursos, apelaciones, pedidos de archivo y desarchivo, múltiples partes querellantes y defensas, dilaciones. Por ejemplo, en 2021 la causa estaba parcialmente archivada y fue reactivada por pedido de las familias.
- Intereses institucionales: la Armada, el Estado, los contratistas y las partes privadas tienen responsabilidades o tienen que rendir cuentas. Hay temor de que ciertos informes periciales y fotografías submarinas estén demorados o incluso que se haya perdido información.
Lo que está en juego
El caso es una bisagra para el mantenimiento de las fuerzas armadas argentinas y la operatividad de su flota submarina. Y un párrafo aparte merece lo referido a la soberanía argentina, ya que la ley que declaró el día de memoria recalca “la defensa del mar argentino”, en un momento en el que temas de pesca ilegal, plataformas offshore y presencia marítima ganan relevancia. El Estado tiene la obligación de demostrar que protege a su gente, que no la arriesga sin respaldo, y entonces está obligado a asumir sus errores.
Según análisis técnicos independientes, la implosión de la ARA San Juan liberó una energía equivalente a la explosión de más de 5 toneladas de TNT. Esa cifra, que pone en una dimensión casi cinematográfica el colapso, hace que esta tragedia no sea sólo una desaparición, sino una ruptura física inmediata, irreversible, que deja la tripulación sin posibilidad alguna de reacción. En otras palabras: en el minuto en que entró el agua, los oficiales a bordo apenas tuvieron una fracción de segundo para reaccionar.
El hallazgo del casco a fines de 2018 se realizó gracias a que la empresa Ocean Infinity pedía un incentivo de US$7,5 millones. Esa cifra, señala la dimensión del costo y del desafío técnico de buscar en un lecho marino tan profundo.
Así, este 17 de noviembre se cumplen ya ocho años (2017-2025) desde que el país contuvo la respiración, vio partir a 44 hombres y una mujer que nunca volvieron, y aún espera que el sistema de justicia complemente el hallazgo con respuestas definitivas. Que el silencio no se prolongue más es una cuenta pendiente.
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