Juan Domingo Perón, presidente constitucional de la Argentina, era derrocado hace 65 años por una sublevación de sectores de las Fuerzas Armadas que instauraron una dictadura cívico militar autodenominada Revolución Libertadora, que por medio de una férrea represión sentó las bases de una proscripción al justicialismo que se prolongó por 18 años.
El 16 de septiembre de 1955 se iniciaba una rebelión de varias unidades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en Córdoba, Corrientes, Bahía Blanca y en la Base Naval de Río Santiago, cercana a La Plata.
En el país se vivía un clima de abierta confrontación, una situación que había alcanzado su punto álgido con el bombardeo a Plaza de Mayo, un hecho ocurrido el 16 de junio y perpetrado por pilotos de la Armada y la Aeronáutica con el objetivo de asesinar a Perón.
Ese hecho, que provocó más de 300 muertos en el centro de Buenos Aires, dejó en claro que los sectores sociales dominantes no escatimarían esfuerzos con tal de derribar a Perón, que ejercía la presidencia del país desde 1946.
El 17 de septiembre, cuando la sublevación era un hecho, el gobierno impuso el toque de queda y la represión de las unidades rebeldes, en tanto que el almirante Isaac Rojas se ponía al mando de una flotilla rebelde a la cual se le suman varias naves.
Ese día, se plegaron a los golpistas unidades de San Luis y Mendoza, y 48 horas después, Rojas atacaba los depósitos de combustible cercanos al puerto de Mar del Plata, mientras el crucero 17 de Octubre –-en poder de los rebeldes– se aproximaba a Dock Sud para bombardear la destilería.
Desde Córdoba, el general Eduardo Lonardi, un católico de extracción nacionalista, dirigía la rebelión y el día 19 logró entrar en conversaciones con los mandos que se mantenían leales a Perón para adelantar la renuncia del presidente.
Al mediodía, Radio del Estado anunció que Perón renunciaba a su cargo y varias unidades se plegaron a los sublevados en la provincia de Buenos Aires.
El ministro de Guerra, el general Franklin Lucero, se encargaba de formar una junta militar que se hacía cargo de la situación hasta que pudiera entregarse el poder a un nuevo gobierno.
Perón salió del país y se refugió en Paraguay, y Lonardi, como líder de la rebelión asumió la presidencia del país el día 23 y el 25, Estados Unidos y Gran Bretaña reconocieron al nuevo gobierno.
Al asumir la presidencia, Lonardi prometió encarar una etapa de en la cual «no habrían ni vencedores no vencidos», en una clara muestra de que su intención era excluir a Perón de la vida política nacional, pero mantener las conquistas sociales del justicialismo.
Pero este militar católico y nacionalista duró 52 días en el poder y resultó reemplazado por Pedro Eugenio Aramburu, un general liberal que le imprimió al régimen un fuerte sesgo antiperonista.
Una de sus primeras medidas fue la promulgación del decreto 4161, por el cual se prohibía mencionar a Perón, a Eva (Perón) y la utilización de los símbolos del justicialismo, al tiempo que se intervenían los sindicatos y la CGT.
Una huelga decretada en noviembre por la central obrera terminó con 9000 obreros detenidos y se anuló la Constitución de 1949, lo que determinó que muchos simpatizantes del peronismo se sumaran a las filas de una resistencia.
En junio de 1956, militares de extracción peronista a las órdenes de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco se rebelaron contra el gobierno de Aramburu con el propósito de reponer al presidente constitucional.
Ese intento terminó con 32 fusilados entre militares y civiles, algunos de los cuales cayeron en los basurales de José León Suárez y esos episodios quedaron retratados en el libro «Operación Masacre» de Rodolfo Walsh.
Se inició así un período de alta conflictividad social y política, con diversas intervenciones militares, y que estuvo directamente ligado a los 18 años de proscripción que padeció el peronismo, que volvió al gobierno en 1973, tras imponerse en elecciones libres.
