La restricción fue fijada a dos personas denunciadas que explotan un campo situado en el Paraje El Chañaral, en la zona rural de Pinto del territorio santiagueño.
El Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero dictó una medida cautelar que suspende las fumigaciones por seis meses en las cercanías de las viviendas de la comunidad Sanavirón, luego de que integrantes del asentamiento denunciaran problemas para su salud y la de sus animales, informó este martes el sitio fiscales.gob.ar
La restricción fue fijada a dos personas denunciadas que explotan un campo situado en el Paraje El Chañaral, en la zona rural de Pinto de dicha provincia.
Por su parte, la cautelar dictada por el juez Sebastián Argibay establece un límite de 500 metros para las fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las áreas, a contar desde el lugar donde está situada la comunidad.
De acuerdo a la presentación, los dueños del campo realizaron el 16 de noviembre de 2021 una fumigación terrestre desde las 20 hasta las 7 de la mañana del día siguiente
Además, el magistrado resolvió que se comunique lo dispuesto a la Dirección de Agricultura y Ganadería provincial y a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para que efectúen el debido control.
El 20 de noviembre de 2021, dos integrantes de la comunidad «Sentimiento de mi Tierra» del pueblo originario Sanavirón presentaron una denuncia contra dos personas por una fumigación realizada cerca de sus viviendas y solicitaron que se investigue la posible comisión de un delito en infracción a la ley de Residuos Peligrosos.
De acuerdo con la presentación, los dueños del campo realizaron el 16 de noviembre de 2021 una fumigación terrestre desde las 20 hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
En la denuncia resaltaron que, como resultado de este proceso, muchas personas presentaron brotes de granos en todo el cuerpo, dolores de cabeza, vómitos, diarrea y manchas en la piel. También detallaron que hubo animales que murieron y que las crías de algunos de ellos nacieron deformes.
La cautelar dictada por el juez Sebastián Argibay establece un límite de 500 metros para las fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las áreas, a contar desde el lugar donde está situada la comunidad
Los denunciantes explicaron que estas situaciones no solo se circunscriben al momento de la fumigación, cuando respiran los químicos, sino que las sustancias arrojadas quedan en el agua que se almacena en los depósitos y aljibes.
También relataron que a unos cien metros del campo fumigado se encuentra un brazo de un canal que lleva agua del río Dulce y en ese lugar, dijeron, «se habrían lavado las máquinas ‘mosquito’ utilizadas para fumigar y se habría realizado la preparación del veneno». Denunciaron además que «se habrían dejado tirados los envases de los agroquímicos en las orillas».
Ante esta situación, la fiscala subrogante a cargo de la fiscalía, Indiana Garzón, solicitó una serie de medidas que incluían peritajes a muestras de agua y del suelo.
Esas evidencias fueron remitidas para su análisis al Laboratorio de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA, con el objetivo de que se determine la presencia de esos químicos y su cuantificación.
Desde el Ministerio Público Fiscal manifestaron que la medida tuvo como objetivo, además de resguardar la salud de la comunidad, involucrar a todos los agentes del Estado para propiciar «un efectivo control y prevención de daños del uso de agroquímicos en las actividades agropecuarias»
El informe determinó que tanto en las muestras de suelo tomadas en adyacencias al inmueble en cuestión, como en las de agua tomadas del canal Niquilo, están presentes varias moléculas por encima del umbral que fija la Comisión Europea.
En el estudio se detectó dentro del agua productos herbicidas que fueron catalogados como «probablemente cancerígenos» por la OMS desde 2015, como el glifosato y la hidroxi-atrazina.
Como parte de las medidas solicitadas por la fiscalía, se llevó adelante en mayo un reconocimiento judicial de la zona, del que participaron el juez Argibay, representantes de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, el Defensor del Pueblo y el director de Agricultura y Ganadería de la provincia, acompañados por personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.
Desde el Ministerio Público Fiscal manifestaron que la medida tuvo como objetivo, además de resguardar la salud de la comunidad, involucrar a todos los agentes del Estado para propiciar «un efectivo control y prevención de daños del uso de agroquímicos en las actividades agropecuarias».
